Por Cesáreo Silvestre Peguero
Desde el corazón de Consuelo, se alza un clamor silente, tejido entre el riesgo y el abandono. No es una ficción, sino una verdad de piedra y cemento que hiere la calzada. En el trayecto
que une el pulso del pueblo con la fe ancestral, una sombra se interpone: la banca de lotería "HS", anclada con desafiante imprudencia en el sendero que la ley reservó al caminante.
El peatón, exiliado de su derecho, se ve arrojado al abrazo frío y mortal del asfalto. ¡Qué cruel paradoja! Mírenlo: el niño que apenas aprende a
trazar sus pasos, el anciano que la vida ha curvado, deben medir su existencia al borde del rugido vehicular. Cada paso en ese tramo es un acto de fe, una ruleta rusa donde el premio es la indemidad. Esto no es solo una banca; es un altar al riesgo, un mudo desafío a la seguridad ciudadana y un espejo donde se refleja la inercia.
Nos sorprende el silencio de las voces altas, la ausencia de eco en las tribunas de la conciencia local. ¿Acaso el poder de los financistas extiende su manto hasta silenciar el bien común? La seguridad no debería ser una negociación.
Y en ese mismo eje de olvido municipal, la esquina vital de Consuelo ha cedido su vocación de área verde al imperio del transporte. El sindicato de guagüeros, que genera un caudal de recursos, se aposenta en un espacio que es de todos, sin devolver a la comunidad más que el rumor constante y el despojo. No es la labor la que se cuestiona, sino el derecho a ocupar lo que es patrimonio. La ciudadanía debe empuñar la bandera de sus derechos: el servicio de transporte merece un techo propio, digno, y no el usurpar el suelo común.
Esta imprudencia, señores, cruza el elevado y se instala en el corazón de San Pedro de Macorís, donde la plaza de la Biblia ha visto su entorno verde ser tragado por el mismo desorden. Es un patrón doloroso que se repite: la calle como local, la vía pública como propiedad privada. Mientras Hato Mayor, La Romana, Quisqueya, Santo Domingo e Higüey han trazado el camino de la legalidad con locales propios, ¿por qué el Seybo, Guayacanes, Ramón Santana y Boca Chica se ven obligados a la intemperie, al caos?
Esta denuncia es un llamado a la dignidad cívica, un toque de clarín a la ética pública. Sabemos que el tejido de la política, a menudo financiado por estas mismas fuerzas, impone un velo de dificultad. Pero la conciencia, una vez despierta, es la única fuerza capaz de mover montañas.
Autoridades, miren más allá de la urna y el favor. Ciudadanos, dejen que la indignación se transmute en acción organizada. El derecho al caminar seguro, a la belleza de un espacio verde, no es un privilegio: es el pilar de una vida comunitaria justa. Que la voz de la gente sea más contundente que el poder silencioso del dinero.
